Posicionamiento de COPARMEX Tijuana respecto a la Reforma al Poder Judicial en B.C.

Una de las características esenciales de los sistemas democráticos es la separación de poderes. Por ello, la independencia del Poder Judicial es una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de Derecho. Nuestra Constitución Federal, así como varios instrumentos internacionales, establecen la independencia del Poder Judicial respecto a los demás poderes del Estado y la importancia de ese principio para garantizar la correcta solución de conflictos y el respeto de los derechos humanos en nuestra sociedad.

Sin embargo, la independencia del Poder Judicial no se da en automático. Se debe de trabajar constantemente para mantenerla, puesto que una aspiración permanente del poder político ha sido la de controlar tanto al Legislativo como, sobre todo, al Judicial; porque el Poder Judicial es el decisivo a la hora de asegurarse la impunidad en favor del arbitrario. En los sistemas representativos, el Poder Legislativo, así como el Ejecutivo, tienen un mismo origen, ya que son el resultado de la expresión popular en las urnas. En todo caso, una sociedad puede sobrevivir algún tiempo con un Poder Legislativo o Ejecutivo que responde malamente a las necesidades reales de la sociedad, pero lo que no podrá soportar será una justicia dependiente o sumisa. Eso sería un embate a la democracia de consecuencias imprevisibles.

En COPARMEX siempre velaremos por el respeto del estado de derecho, por el correcto funcionamiento de las instituciones que generen seguridad jurídica en la sociedad. Por ello vemos con preocupación la iniciativa de reforma constitucional presentada por el Gobernador de Baja California ante el Congreso del Estado, en la cual se pretende dar un golpe a la autonomía del Poder Judicial local, mediante la eliminación del Consejo de la Judicatura.

Según la iniciativa de ley, el Consejo de la Judicatura no ha dado los resultados deseados, generándose una deficiente impartición de justicia, y bajo la bandera de una supuesta austeridad, propone reemplazarlo por un consejo de magistrados. Sin embargo, en COPARMEX vemos que la iniciativa tiene otras intenciones ocultas, ya que, al eliminarse al Consejo de la Judicatura se abre la puerta para que el Gobernador en turno pueda formar un Tribunal Superior de Justicia a modo, repleto de Magistrados que sean sus allegados políticos o amistades, en lugar designarse a los juristas con mayor capacidad. 

Si el Consejo de la Judicatura tiene algunas fallas, entonces hay que legislar para corregirlas, no para desaparecerlo e invitar al Ejecutivo a que tome control de los jueces.

Dada la trascendencia de la reforma que se pretende hacer, es de suma importancia que se invite al proceso deliberativo a otros sectores de la sociedad que tienen relación directa con la administración de justicia, como los colegios de abogados, universidades y organizaciones civiles, para que opinen y propongan soluciones. De lo contrario, se corre el riesgo de que se hagan reformas completamente inconstitucionales, violatorias de la autonomía del Poder Judicial y que corrompan el delicado balance de la división de poderes.  

Exhortamos a los Diputados del Congreso del Estado, para que legislen en beneficio de la sociedad baja californiana, no conforme la línea de su partido.