Pronunciamiento del Colectivo Cero Desabasto
A propósito de la anulación del proceso de compra consolidada de medicamentos 2025–2026.
Pro Oncavi A.C, como parte del Colectivo Cero Desabasto expresa su profunda preocupación y alerta ante el anuncio de la anulación del proceso de compra consolidada de medicamentos, bienes terapéuticos, material de curación y auxiliares de diagnóstico para los ejercicios fiscales 2025–2026, por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Se trata del séptimo intento fallido de implementar una estrategia efectiva de adquisiciones públicas de medicamentos, afectando directamente a millones de personas que dependen del sistema público de salud para acceder a tratamientos indispensables, en particular niñas y niños con cáncer, personas con enfermedades crónicas, derechohabientes del IMSS Bienestar, IMSS, ISSSTE y otras instituciones clave.
Desde el Colectivo hemos documentado y denunciado el impacto que tiene el desabasto de medicamentos en la vida y salud de las personas. Lo hemos dicho una y otra vez: no hay política pública que valga si no garantiza el acceso real a medicamentos e insumos médicos de calidad y en tiempo.
Que se hayan detectado ventas a sobreprecio y múltiples irregularidades cometidas por Birmex en la organización del procedimiento, incluyendo errores en la convocatoria, análisis de ofertas y falta de transparencia, no sólo es inaceptable, y sino que demuestra una vez más la incapacidad institucional para asegurar un sistema de compras que funcione y que priorice la salud de las personas por encima de los intereses burocráticos, políticos o empresariales.
El anuncio de que ahora se realizarán asignaciones directas y subastas sólo aumenta la incertidumbre sobre los tiempos y garantías de abasto, y no representa una solución estructural, sino un parche más a una crisis que lleva años sin resolverse.
Exigimos:
No hay salud sin medicamentos.
No hay justicia sin verdad.
No hay derechos si el Estado sigue fallando.
Seguiremos vigilando, documentando y exigiendo. Porque cada omisión institucional se traduce en una historia de dolor, en una consulta cancelada, en un tratamiento interrumpido, en una vida en riesgo. La salud es un derecho y no un privilegio.
