Reforma judicial 2026 corrige fallas, pero no resuelve el fondo: Estefanía Campos García
El aplazamiento de la elección judicial a 2028 y los nuevos mecanismos de evaluación representan avances parciales, pero insuficientes para garantizar plenamente la independencia del Poder Judicial, advierte la licenciada.
Tijuana, 21 de Mayo. - La reforma judicial en México ha introducido ajustes considerados relevantes, como el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados hasta 2028, así como el fortalecimiento de evaluaciones y capacitación obligatoria, aunque especialistas advierten que estas modificaciones no atacan el problema de fondo.
Desde 2024, barras de abogados, académicos y expertos habían expresado preocupaciones sobre la reforma original, al señalar posibles riesgos para la independencia judicial, la carrera profesional dentro del Poder Judicial y la preparación técnica de quienes imparten justicia.
La presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, Estefanía Campos García, señaló que los cambios recientes representan un reconocimiento implícito de esas advertencias, particularmente en lo relativo a la necesidad de reforzar los filtros de selección y la formación especializada.
"Resulta positivo y necesario que se reconozca la importancia de fortalecer la preparación de jueces y magistrados, porque la impartición de justicia requiere conocimiento, experiencia y formación constante", afirmó.
No obstante, advirtió que la reforma aún no garantiza plenamente la independencia del Poder Judicial, un punto que considera central en la discusión nacional.
"Capacitar y evaluar a quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es necesario, pero estos procesos deben mantenerse alejados de cualquier influencia política. La justicia debe responder únicamente a la Constitución y a la ley", sostuvo.
Campos García propuso que la Escuela Judicial tenga un papel determinante como primer filtro técnico en la selección de aspirantes, mediante exámenes de conocimiento jurídico, capacidad y perfil jurisdiccional.
Señaló que este mecanismo no debe entenderse como un privilegio institucional, sino como una garantía de profesionalización, mérito y autonomía en la función jurisdiccional.
Asimismo, planteó que solo los aspirantes que aprueben esa primera evaluación deberían avanzar a etapas posteriores, las cuales deben desarrollarse con transparencia y participación de universidades, especialistas y barras de abogados, a fin de evitar discrecionalidad.
"México necesita fortalecer su sistema de justicia, pero cualquier reforma debe construirse con responsabilidad, diálogo técnico y pleno respeto al Estado de Derecho", concluyó.
