Sindicatura denuncia por daño patrimonial a exfuncionarios del Ayuntamiento
La denuncia obedece a la resolución de un Juez de Distrito, que obliga al Ayuntamiento al cumplimiento forzoso de la sentencia dentro del amparo 176/2017, por la cantidad de 228 millones 185 mil pesos
Por: Adán MONDRAGÓN/EL MEXICANO | 01/10/2019
TIJUANA.- La síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde y el consejero jurídico del XXII Ayuntamiento, Leonardo Martínez, presentaron una denuncia contra exfuncioanrios por los delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El origen del asunto es el incumplimiento a la firma de un contrato de promesa de venta entre un particular y el gobierno del estado que ocurrió en julio de 1995, durante la administración estatal del panista Héctor Terán (q.e.p.d) y Alejandro González Alcocer.
Es en 1995 cuando el particular ( de apellido Fernández Quintana ) hace un abono de un millón de pesos al gobierno del Estado, con lo que se pacta el contrato de promesa de venta. El predio sería vendido en un total de 2 millones 900 mil pesos, sin embargo la operación no se concretó.
El predio que se encuentra bajo promesa de venta está ubicado en la parte central del Libramiento Rosas Magallón ( a la altura de la entrada al fraccionamiento Residencial Agua Caliente y el Parque Industrial Pacífico) donde hoy se encuentra la comandancia regional Margarito Saldaña, la Unidad Deportiva Santos Mesa y la lanzadera de calafias.
En 1997 el gobierno del gobernador sustituto González Alcocer, cede el predio a la administración municipal del entonces alcalde José Guadalupe Osuna Millán. Sin embargo, es en el año 2002, en la administración del también panista Jesús González Reyes, cuando el Oficial Mayor solicita al particular de apellido Fernández Quintana su presencia para la revisión del contrato de promesa de venta.
Es hasta 2009, durante la administración municipal del también panista, Jorge Ramos Hernández, cuando el Síndico Procurador, Héctor Magaña Mosqueda, contesta a nombre del Ayuntamiento a la demanda del particular que lleva el Juez Tercero de lo Civil.
Es en septiembre de 2009 cuando el XIX Ayuntamiento, la familia Fernández Margain y el procurador general de justicia del estado Rommel Moreno Manjarrez, firman un Convenio Judicial, donde el gobierno municipal aparece como deudor sustituto.
Por otra parte, la Síndico destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con un predio ubicado en lo que ahora son las instalaciones de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza.
Ya que exservidores públicos actuaron negligentemente, al omitir invocar excepciones al contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el exsíndico Procurador asume la deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el exsíndico reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó el contrato de promesa de compraventa.
El origen del asunto es el incumplimiento a la firma de un contrato de promesa de venta entre un particular y el gobierno del estado que ocurrió en julio de 1995, durante la administración estatal del panista Héctor Terán (q.e.p.d) y Alejandro González Alcocer.
Es en 1995 cuando el particular ( de apellido Fernández Quintana ) hace un abono de un millón de pesos al gobierno del Estado, con lo que se pacta el contrato de promesa de venta. El predio sería vendido en un total de 2 millones 900 mil pesos, sin embargo la operación no se concretó.
El predio que se encuentra bajo promesa de venta está ubicado en la parte central del Libramiento Rosas Magallón ( a la altura de la entrada al fraccionamiento Residencial Agua Caliente y el Parque Industrial Pacífico) donde hoy se encuentra la comandancia regional Margarito Saldaña, la Unidad Deportiva Santos Mesa y la lanzadera de calafias.
En 1997 el gobierno del gobernador sustituto González Alcocer, cede el predio a la administración municipal del entonces alcalde José Guadalupe Osuna Millán. Sin embargo, es en el año 2002, en la administración del también panista Jesús González Reyes, cuando el Oficial Mayor solicita al particular de apellido Fernández Quintana su presencia para la revisión del contrato de promesa de venta.
Es hasta 2009, durante la administración municipal del también panista, Jorge Ramos Hernández, cuando el Síndico Procurador, Héctor Magaña Mosqueda, contesta a nombre del Ayuntamiento a la demanda del particular que lleva el Juez Tercero de lo Civil.
Es en septiembre de 2009 cuando el XIX Ayuntamiento, la familia Fernández Margain y el procurador general de justicia del estado Rommel Moreno Manjarrez, firman un Convenio Judicial, donde el gobierno municipal aparece como deudor sustituto.
Por otra parte, la Síndico destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con un predio ubicado en lo que ahora son las instalaciones de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza.
Ya que exservidores públicos actuaron negligentemente, al omitir invocar excepciones al contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el exsíndico Procurador asume la deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el exsíndico reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó el contrato de promesa de compraventa.
