Tribunal inhabilita por tres años a Jaime Bonilla por avalar proyecto energético
Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el contrato tras considerar que se trataba de una negociación "leonina"
Mexicali, B.C. - La Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California confirmó la inhabilitación por tres años contra el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, derivada de una resolución del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que calificó como grave su responsabilidad en el fallido proyecto de una planta fotovoltaica.
Gabriela Monge, titular de la dependencia, informó que la notificación fue recibida este lunes. Explicó que la sanción corresponde a una falta administrativa de carácter grave: "En efecto, el día de ayer fuimos notificados de esta resolución. Conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa", señaló.
El daño financiero por el proyecto con Next Energy
La sanción está relacionada con el esquema bajo el cual la administración de Bonilla impulsó una planta fotovoltaica a través de la empresa Next Energy. El proyecto se realizó sin contar con el permiso federal necesario y mediante un fideicomiso donde se retuvieron 123 millones de pesos de recursos públicos.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el contrato tras considerar que se trataba de una negociación "leonina". Su administración inició procesos legales que finalmente derivaron en la restitución de 172 millones de pesos al estado, cantidad correspondiente al monto inicial más los rendimientos generados.
Vinculan a proceso a exsecretario de Salud de la administración de Bonilla
Durante la misma conferencia, la secretaria Gabriela Monge confirmó la vinculación a proceso del exsecretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, ocurrida este lunes.
"En efecto, el día de anoche fue vinculado a proceso este exservidor público", indicó.
La vinculación deriva de denuncias penales presentadas en mayo de 2023 por presuntas irregularidades en compras de medicamentos en 2021. Se acusa a Pérez Rico y a siete exfuncionarios de adjudicaciones directas irregulares, pagos con sobreprecio y el uso indebido de un decreto federal de emergencia por Covid-19 para adquirir insumos que no correspondían a la pandemia.
Los delitos señalados incluyen ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Monge recordó que estas denuncias forman parte de un conjunto más amplio interpuesto por la actual administración: "Hay que recordar que el gobierno del estado interpuso diversas denuncias de carácter penal por la posible comisión de hechos delictivos, algunas relacionadas con el sector salud y otras con el sector educativo".
Lo que sigue
La inhabilitación contra Bonilla lo deja impedido para ocupar cargos o funciones públicas estatales durante tres años, mientras avanzan otros procesos administrativos y penales abiertos contra exfuncionarios de su administración.
