Reconoce Grupo Unidos por Tijuana a la Fiscalía por detención ligada al presunto "cártel inmobiliario", pero exige investigación más profunda
La organización civil advierte que podría tratarse de delincuencia organizada y pide indagar a más implicados, incluidos posibles funcionarios públicos.
Tijuana, 30 de Marzo. - El presidente del Grupo Unidos por Tijuana, José Antonio Serratos García, reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado de Baja California tras la detención de un abogado presuntamente involucrado en actos de despojo de propiedades en esta ciudad fronteriza.
En un pronunciamiento público, Serratos García señaló que la asociación civil espera que el caso avance hacia su judicialización y que el implicado sea sometido a proceso conforme a derecho, al considerar que este tipo de delitos han causado un daño significativo al patrimonio de diversas familias en Baja California.
"El Grupo Unidos por Tijuana pide que se someta a proceso. Aunque el detenido tiene derecho a su defensa, le ha hecho mucho daño a Baja California, sobre todo a Tijuana, en lo que denominamos ´huachicol de propiedades´", afirmó.
El dirigente explicó que la organización ha denunciado durante años irregularidades relacionadas con cambios de propietarios en registros oficiales, los cuales —según sostuvo— se realizaban en algunos casos sin una verificación exhaustiva de la documentación presentada.
Recordó que la agrupación envió previamente una iniciativa de reforma al Congreso estatal para modificar el artículo 2191 del Código Civil de Baja California, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad privada y evitar cambios de titularidad realizados únicamente con copias de identificaciones.
De acuerdo con Serratos García, múltiples ciudadanos detectaron irregularidades al acudir al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, donde descubrieron que sus inmuebles ya no aparecían registrados a su nombre, situación que, según dijo, derivó en casos de invasión de predios por grupos organizados.
El representante de la asociación sostuvo que la actuación de la fiscalía responde también a la presión social de personas afectadas, empresarios y profesionales del derecho que denunciaron públicamente este tipo de prácticas.
Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial para que el caso sea analizado de manera exhaustiva y se garantice que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley.
"Pedimos al Poder Judicial que realice un estudio y análisis profundo del caso, pero sobre todo que no se permita la impunidad. Quitarle el patrimonio a una persona es un acto de violencia que afecta a quienes han trabajado durante años para obtenerlo", expresó.
Serratos García consideró además que la investigación podría revelar la participación de más personas, por lo que solicitó a las autoridades ampliar las indagatorias para determinar si existe una red organizada detrás de los presuntos despojos.
"No puede ser un solo actor. Estamos hablando de lo que podría ser delincuencia organizada", afirmó.
Finalmente, pidió transparencia en las investigaciones y que se investigue a todos los posibles involucrados, incluidos funcionarios que pudieran haber tenido participación en dependencias como el Registro Público de la Propiedad o Catastro.
Según el dirigente, el esclarecimiento de estos hechos resulta fundamental para proteger el patrimonio de los ciudadanos y preservar la estabilidad social y jurídica en Tijuana y en el estado de Baja California.
