Buscan hacer valer los derechos de los inmigrantes

Tijuana.- Una coalición de organizaciones legales demandó este martes en San Diego a varias instituciones de la administración del presidente Donald Trump, incluida la oficina de CBP, por riesgos en el programa que obliga a migrantes a aguardar en Tijuana y otras ciudades de la frontera y por impedirles que cuenten con representación de abogados.

La demanda federal la interpusieron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego y el condado Imperial, Servicios Familiares Judíos, que en San Diego ha defendido legalmente a migrantes altruistamente, y el Centro Legal de los Defensores de los Inmigrantes.

Una directora de ese centro, Margaret Cargioli, dijo en conferencia que la administración “Trump ha levantado un muro entre los migrantes –que obliga a ir a México—y sus abogados”.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Syracuse, solo el 1.2 por ciento de los migrantes a quienes la administración Trump obliga a esperar en México tiene representación de abogados.

El restante 98.8 por ciento acude a citas de cortes de migración con total desconocimiento del sistema judicial y generalmente con obstáculos de lenguaje.

Norma Chávez Peterson , la directora regional de la ACLU en la frontera de California, dijo que las organizaciones presentaron la demanda “porque están amenazados nuestros valores como país de bienvenida y de justicia, pero también por el derecho de tener una representación legal, el derecho a consultar con abogados, lo que es fundamental para nosotros como país”.

En el programa que el gobierno de Estados Unidos llama “Protocolos de Protección a Migrantes” o MPP, hay entre 50 mil y 42 mil migrantes obligados a aguardar en México, por eso el programa también se conoce como “Permanecer en México”.

En la frontera de Baja California hay unos 13 mil migrantes, en su mayoría en Tijuana, por la cercanía a las cortes de migración, comentó la abogada Mónika Langarica, abogada de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Langarica denunció que la administración Trump trata de eliminar el proceso de asilo en Estados Unidos y nada del programa MPP es como debiera.

Dijo que el gobierno de Estados Unidos, sin atender peticiones de asilo, envía a los migrantes a las hieleras, les prohíbe hablar con abogados, e impide que los abogados participen  durante entrevistas en las que los migrantes deben convencer de que sus temores son fundados.

Varios abogados, incluido Luis González, de Servicios Familiares Judíos, expresaron temor de cruzar la frontera para ir a tratar de encontrar a migrantes a quienes representarían legalmente, tanto como a su regreso, si CBP los envía a inspección secundaria en las garita