Controversia por despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas en Chicago

Chicago, EE.UU. - Un contingente de aproximadamente 200 miembros de la Guardia Nacional de Texas fue desplegado esta semana en el área metropolitana de Chicago para apoyar la protección de instalaciones y personal federal, según confirmó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El despliegue, autorizado bajo mando federal, forma parte de una operación temporal de 60 días con posibilidad de extensión. Las tropas se unieron a unos 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois que ya operan bajo la supervisión del U.S. Northern Command, y tienen como base el Centro de Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago.

De acuerdo con reportes de Associated Press y The Washington Post, los soldados texanos fueron asignados para resguardar edificios federales, oficinas de inmigración (ICE) y otras instalaciones consideradas de riesgo en medio de un clima de creciente tensión política y social. Las autoridades militares subrayaron que los efectivos no están autorizados para realizar arrestos o actividades policiales fuera del marco federal.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, expresó su rechazo al despliegue, al que calificó como una "invasión" y una "intromisión innecesaria en los asuntos del estado". Pritzker argumentó que no fue consultado previamente sobre la llegada de las tropas, lo que —a su juicio— vulnera la cooperación intergubernamental. El gobernador anunció además que su administración presentó una demanda federal para intentar bloquear el despliegue, alegando que podría violar el Posse Comitatus Act, una ley que limita el uso de fuerzas militares para el mantenimiento del orden público interno.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, advirtió que su gobierno "no tolerará la militarización de la ciudad" y amenazó con emprender acciones legales contra cualquier agente o soldado que exceda sus funciones. Johnson insistió en que el problema migratorio y de seguridad "debe resolverse con políticas públicas, no con presencia armada".

En contraste, el gobierno federal defendió la medida como una respuesta "preventiva y limitada" ante posibles disturbios en torno a las operaciones migratorias de ICE y la protección de propiedades federales. Fuentes del Pentágono explicaron que la decisión se tomó debido a "preocupaciones de seguridad" derivadas de manifestaciones recientes y amenazas a edificios gubernamentales.

El despliegue también ha encendido un debate nacional sobre la coordinación entre estados y el gobierno federal. Expertos en derecho constitucional advierten que esta intervención podría sentar un precedente delicado: el uso de tropas de un estado (Texas) para operar en otro (Illinois) sin el consentimiento de su gobernador.

La jueza federal April Perry, del Distrito Norte de Illinois, ha programado una audiencia para revisar la constitucionalidad del despliegue y determinar si la orden federal cumple con los requisitos legales. Organizaciones civiles y grupos defensores de derechos humanos han solicitado participar en la audiencia como observadores.

El caso ocurre en medio de una intensificación de las políticas migratorias a nivel nacional y un aumento de tensiones entre los gobiernos estatales y federales. Según reportes de The Texas Tribune, el gobernador texano Greg Abbott expresó su "orgullo" por la participación de sus tropas en lo que calificó como "una misión de defensa nacional, no política".

A medida que la situación evoluciona, tanto en los tribunales como en el terreno, el despliegue de la Guardia Nacional de Texas en Chicago se ha convertido en un nuevo punto de fricción que pone a prueba los límites de la autoridad federal frente a la soberanía de los estados.