EU anula prohibición de los "bump stocks" que convierten las armas en ametralladora

La mayoría conservadora del tribunal dijo que la administración del entonces presidente Donald Trump se extralimitó en su autoridad.

EU anula prohibición de los bump stocks que convierten las armas en ametralladora
Por: EL MEXICANO | 06/15/2024

Tijuana, 15 de Junio. - La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes una normativa federal que prohíbe los bump stocks, un dispositivo que aumenta la cadencia de los rifles semiautomáticos convirtiéndolos de hecho en ametralladoras.

Por seis votos a favor y tres en contra (los de los magistrados progresistas), la corte dictaminó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se extralimitó en 2018 al reclasificar los bump stocks como ametralladoras, prohibidas por una ley de 1934, durante la era de la Ley Seca.

"Consideramos que un rifle semiautomático equipado con un bump stock no es una 'ametralladora' porque no puede disparar más de un tiro con 'simplemente apretar el gatillo'", escribe el juez Clarence Thomas en nombre de la mayoría, basándose en una ley de 1934, adoptada mucho antes de la invención de este dispositivo.

El telón de fondo de este asunto es una masacre cometida en Las Vegas el 1 de octubre de 2017, la peor en la historia moderna de Estados Unidos con un saldo de 58 muertos y más de 500 heridos.

La mayoría de los 22 rifles del autor de esta matanza estaban equipados con estas culatas extraíbles que le permitieron disparar a una velocidad de hasta nueve balas por segundo.

Después de la tragedia la ATF se replanteó su posición sobre estos dispositivos.

En febrero de 2018, pocos días después de una masacre en un instituto de Florida (sureste), en la que murieron 17 personas, la administración del entonces presidente republicano Donald Trump se comprometió a prohibir los bump stocks.

En diciembre del mismo año, la ATF anunció que los consideraría como ametralladoras y ordenó a quienes poseyeran algunas que las destruyeran o entregaran a las autoridades en un plazo de 90 días.

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