Mujer es castigada públicamente en Aceh, Indonesia, por relaciones fuera del matrimonio
Durante la aplicación del castigo, la mujer perdió el conocimiento y fue trasladada a un hospital en ambulancia
Aceh, Indonesia. - En la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra, Indonesia, una mujer fue sometida este 29 de enero de 2026 a un castigo corporal en público tras ser declarada culpable por las autoridades islámicas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y consumir alcohol, conductas consideradas delitos bajo la estricta ley sharia que rige en esa región y que permite sanciones físicas para infracciones morales.
La pena (140 latigazos aplicados con varas de ratán en la espalda) se ejecutó en un parque público de Banda Aceh ante decenas de personas, en un acto oficial al que asistieron autoridades de la policía sharia y espectadores locales. En total, la sentencia contempló 100 latigazos por relaciones fuera del matrimonio y otros 40 por consumo de alcohol.
Durante la aplicación del castigo, la mujer perdió el conocimiento y fue trasladada a un hospital en ambulancia, mientras continuaba el procedimiento contra otros implicados, entre ellos un hombre sancionado con la misma pena.
Aceh es la única provincia de Indonesia donde se aplica formalmente la ley islámica (sharia), gracias a un estatus de autonomía especial otorgado desde principios de siglo. Bajo ese código, delitos como las relaciones sexuales entre personas no casadas, la ingesta de alcohol, el juego y ciertas conductas consideradas "inmorales" pueden ser castigados con azotes públicos, sanciones que no se encuentran en vigor en el resto del país, que es oficialmente laico y diverso.
En el mismo acto, otras cuatro personas también fueron castigadas por infringir el código islámico, incluidos un agente de la policía sharia y su pareja, quienes recibieron 23 latigazos cada uno tras ser sorprendidos juntos en un lugar privado, según informó el jefe de la policía sharia de Banda Aceh, Muhammad Rizal.
La aplicación de este tipo de castigos ha atraído la atención y críticas de organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, que consideran que la práctica viola derechos fundamentales y puede constituir trato cruel o degradante, aunque cuenta con apoyo dentro de sectores de la población local que respalda la aplicación estricta de la moral religiosa.
