Acusación de EU no presenta evidencias contundentes, afirma la FGR
La Fiscalía analiza la posible extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, mientras abre una investigación paralela, cuestiona la falta de pruebas y advierte una posible violación a la confidencialidad del proceso.
Tijuana, 30 de Abril. - La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios no contienen "evidencias contundentes" que sustenten las acusaciones por presuntos delitos de narcotráfico y armas.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que la institución analizará la viabilidad de solicitar órdenes de aprehensión con fines de extradición, al tiempo que abrirá una carpeta de investigación para determinar si las imputaciones estadounidenses tienen sustento.
"Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados", señaló el funcionario en un mensaje difundido por internet.
La FGR indicó que fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las solicitudes enviadas por el gobierno estadounidense, y precisó que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales revisará los expedientes conforme a la Ley de Extradición Internacional y el tratado bilateral vigente.
De acuerdo con la legislación mexicana, este tipo de solicitudes no requieren la presentación inmediata de pruebas plenas; sin embargo, para una orden de aprehensión sí deben existir datos que acrediten la probable comisión de un delito, explicó la institución.
En paralelo, la FGR subrayó que el análisis también incluirá la condición de servidores públicos de algunos de los señalados, lo que implicaría un eventual juicio de procedencia para retirar inmunidad procesal.
Entre los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA se encuentran, además del gobernador Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exfuncionarios estatales de seguridad, fiscalía y administración pública.
Según la acusación estadounidense, los implicados habrían conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de drogas —incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina— hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
Las penas señaladas por las autoridades estadounidenses van desde un mínimo de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
La FGR también reprochó que Washington haya hecho públicas las acusaciones, pese a que las solicitudes incluyen cláusulas de confidencialidad.
"El propio gobierno de Estados Unidos establece que la información contenida en estos procedimientos no debe ser divulgada", sostuvo la Fiscalía, al advertir que la difusión podría contravenir normas procesales y la naturaleza reservada de los procesos penales.
La institución mexicana añadió que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas obliga al manejo confidencial de este tipo de información entre Estados.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó previamente que, tras una revisión jurídica preliminar, no se encontraron elementos probatorios suficientes para acreditar la responsabilidad de los señalados, por lo que enviará un extrañamiento a la embajada estadounidense.
La FGR concluyó que actuará "con pleno respeto a la soberanía nacional" y conforme al Estado de derecho, al tiempo que continuará el análisis de las solicitudes antes de definir si procede la detención con fines de extradición.
