Por una política fiscal justa, Coparmex pide certeza jurídica en la tributación del sector IMMEX

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) nos oponemos a la  interpretación adoptada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el litigio sobre el  pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones realizadas bajo el esquema del  Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).  Esta determinación, actualmente en análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN), que resolverá una contradicción de tesis, pone en peligro la estabilidad de un sector  clave para el desarrollo económico del país. 

Con datos al cierre del 2024, las empresas IMMEX representan 3.2 millones de empleos  directos e indirectos y lograron una fuerte integración con la proveeduría nacional, reduciendo  costos logísticos y fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global. Tan solo en  diciembre de ese año, los ingresos de las empresas IMMEX manufactureras alcanzaron 264  mil millones de pesos en el mercado nacional y 378 mil millones de pesos en el mercado  extranjero, reflejando su impacto en la economía y su papel clave en la atracción de inversión. 

La figura del pedimento V5 ha permitido optimizar el proceso de exportación, evitando traslados  innecesarios de mercancías y reduciendo la saturación en la infraestructura aduanera y  carretera. Este mecanismo, vigente desde hace más de dos décadas, ha garantizado el  cumplimiento de las obligaciones fiscales sin generar distorsiones en la recaudación tributaria. 

La decisión del SAT de modificar el criterio sobre el IVA aplicable a las operaciones virtuales  del programa IMMEX atenta contra los principios de certeza y seguridad jurídica. Esta  modificación implica, según estimaciones del SAT, un cobro por 44 mil millones de pesos,  afectando la atracción de inversión extranjera en un momento crucial para el desarrollo  económico del país. Según cálculos del SAT, no se trata de una reforma legal, sino de una  interpretación administrativa que deja en indefensión a empresas que han operado conforme a  la normatividad vigente. 

Resulta inaceptable que se pretenda gravar dos veces una misma operación. La Regla de  Comercio Exterior establece una ficción legal que considera exportadas virtualmente las  mercancías y, por ende, su venta se efectúa en el extranjero. No puede sostenerse que la  misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y  dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de  neutralidad y proporcionalidad tributaria, generando una carga fiscal indebida.

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Esperamos que la SCJN emita una resolución que garantice seguridad jurídica y evite un cobro  que distorsiona el marco normativo. El Estado debe cumplir con la legislación vigente y no  alterar las reglas de operación con criterios discrecionales. Las empresas IMMEX han cumplido  con sus obligaciones fiscales de manera puntual y confían en la estabilidad de las normas  establecidas. 

México necesita una política fiscal equitativa que impulse el crecimiento económico y fortalezca  la competitividad del sector manufacturero. La recaudación debe realizarse con base en reglas  claras y predecibles, sin afectar la viabilidad de industrias que generan empleo e inversión.  Exhortamos a la SCJN a reconocer la improcedencia del cobro de IVA en operaciones virtuales  y a preservar el atractivo de México como destino de inversión. 

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del estado de derecho y el desarrollo sostenible  del país. Sería alarmante que decisiones arbitrarias pongan en riesgo la estabilidad de sectores  estratégicos. Desde COPARMEX continuaremos promoviendo una tributación justa y un  entorno propicio para el crecimiento económico de México.