Detenciones en San Luis Potosí desatan polémica por ley sobre inteligencia artificial

Tijuana, 8 de Junio. - La detención de dos comunicadoras en San Luis Potosí, acusadas presuntamente de delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial y la identidad digital, reavivó el debate sobre una reforma al Código Penal estatal aprobada en 2025, la cual fue impulsada tras la difusión de videos en los que personas armadas señalaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a funcionarios de su administración de mantener supuestos vínculos con grupos criminales.

Los materiales comenzaron a circular en octubre de 2025 a través de medios de comunicación y redes sociales. Ante ello, el mandatario rechazó las acusaciones y aseguró que los videos habían sido elaborados mediante inteligencia artificial. Asimismo, informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Gallardo afirmó entonces que las autoridades conocían quiénes estaban detrás de la difusión de los contenidos y advirtió que se llegaría "hasta las últimas consecuencias" contra quienes los distribuyeran, financiaran o produjeran. Además, hizo un llamado al Congreso local para legislar sobre el uso de la inteligencia artificial.

Menos de un mes después, el 4 de noviembre de 2025, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de San Luis Potosí y sancionar el uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social con penas de hasta seis años de prisión.

La propuesta fue aprobada el 14 de noviembre por el Congreso estatal con el respaldo de legisladores de Morena, PVEM, Nueva Alianza y Partido del Trabajo. Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron desde entonces sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión.

Artículo 19 señaló que la reforma, conocida posteriormente como "Ley Serrano", abría la puerta a la criminalización de actividades relacionadas con la edición de contenidos, la crítica política, la creación artística y el uso de herramientas de inteligencia artificial. La organización también cuestionó que el Congreso optara por la vía penal sin explorar mecanismos alternativos.

Las preocupaciones planteadas por organizaciones civiles cobraron relevancia el 21 de mayo de 2026, cuando fueron detenidas Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo Reyes, quienes participan en la difusión de contenidos informativos en redes sociales.

La Fiscalía General del Estado informó que ambas habrían utilizado estructuras visuales, narrativas y gráficas vinculadas con la identidad de una presunta víctima para generar contenidos simulados con apariencia de autenticidad. Sin embargo, la dependencia no precisó públicamente cuál fue el material denunciado ni quién presentó la querella.

De acuerdo con versiones difundidas por personas relacionadas con la investigación y documentos que circularon entre integrantes del gremio periodístico, el caso podría estar relacionado con uno de los videos difundidos en octubre de 2025, aquellos que el gobernador señaló como productos de inteligencia artificial.

Ese mismo día también trascendió la detención de otro comunicador en Ciudad Valles, aunque la Fiscalía no emitió información oficial sobre ese caso. Organizaciones como Artículo 19 denunciaron falta de información por parte de las autoridades y señalaron que el hermetismo alcanzó incluso a las personas detenidas y a sus familiares.

La controversia ocurre en un contexto de reformas impulsadas en San Luis Potosí durante los últimos años. Entre ellas destaca una modificación al Código Penal promovida por el propio gobernador para sancionar el llamado "halconeo digital", así como otra reforma publicada en mayo de 2026 para castigar la difusión de mensajes intimidatorios.

Especialistas y organizaciones han advertido que estas medidas podrían generar restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y al trabajo periodístico debido a la amplitud y ambigüedad de algunas de sus disposiciones.

Pedro Cárdenas, integrante del programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, sostuvo que el uso de figuras penales contra personas que publican contenidos en redes sociales genera un ambiente de censura y desincentiva la difusión de opiniones, incluidas aquellas que resultan críticas o incómodas para las autoridades.

El caso también involucró a otras personas cuyos nombres aparecieron en una presunta carpeta de investigación relacionada con el ejercicio ilícito de funciones públicas. Entre ellas figuraban comunicadores y actores políticos locales que, según algunos de los involucrados, comparten una postura crítica hacia el gobierno estatal.

El 5 de junio de 2026, la Fiscalía informó que Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo obtuvieron la suspensión condicional del proceso y recuperaron su libertad. Como parte de las condiciones impuestas, ambas deberán realizar un pago por reparación del daño, permanecer en su lugar de residencia y presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente.

La dependencia rechazó haber cometido violaciones al debido proceso y negó que exista una persecución contra periodistas o restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.

Hasta el cierre de la información, el comunicador Cristian Herrera permanecía detenido.