Diputados aprueban Ley de Aguas en lo general; prevé hasta ocho años de prisión por delitos hídricos
La iniciativa recibió 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, reconoce el derecho humano al agua y prohíbe su acaparamiento.
Tijuana, 3 de Diciembre. - La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la Ley de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, una legislación que reconoce el derecho humano al agua, prohíbe su acaparamiento y contempla penas de hasta ocho años de prisión por delitos contra las aguas nacionales.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, se declaró en contra del trámite en "fast-track", pero la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados aprobó discutir el dictamen con dispensa de todos los trámites. El proyecto incluye más de 50 modificaciones para atender demandas de organizaciones campesinas, aunque el líder de la fracción morenista, Ricardo Monreal, anunció que se harán más ajustes durante la discusión en lo particular.
La nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, establecen que el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones al acceso al agua. Además, incorpora disposiciones sobre la venta o herencia de concesiones de agua, sujetas a la autorización de la autoridad, aunque la bancada priista cuestionó la validez de estas modificaciones.
El dictamen aprobado por el bloque oficialista crea un nuevo capítulo de delitos contra las aguas nacionales, que serán perseguidos de oficio. Las penas varían de tres meses a cinco años de prisión para quienes alteren, desvíen u obstruyan cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales, afectando condiciones hidráulicas, la seguridad de las personas o ecosistemas vitales. Las sanciones no aplican a quienes usen el agua de manera doméstica o para agricultura familiar.
Además, se establecen penas de hasta ocho años de prisión para servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones mediante dádivas o beneficios indebidos.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la ley busca garantizar el agua como derecho humano, recuperar la rectoría estatal sobre las aguas nacionales y evitar su mercantilización, con el objetivo de que el recurso deje de considerarse una mercancía y se reconozca como un bien estratégico para el desarrollo del país.
El proyecto enfrenta críticas de productores agrícolas, quienes consideran que algunas disposiciones podrían afectar la operación del campo y generaron protestas y caravanas de campesinos en distintas regiones del país.
