Exalcaldesa de Amanalco es sentenciada a 70 años de prisión por homicidio calificado
María Elena Martínez Robles recibió la pena máxima por ordenar doble asesinato

CDMX, México. - María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser hallada culpable del delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal y del chofer de este, hechos ocurridos en enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La resolución fue dictada por una autoridad judicial luego de que la fiscalía acreditara que la exfuncionaria ordenó y coordinó el ataque contra los servidores públicos, a quienes envió a una zona considerada de alto riesgo con presencia de grupos delictivos, de donde no regresaron.
Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2023, cuando el síndico identificado con las iniciales G.J.R. y su chofer M.A.L.C. salieron con destino a una reunión en el municipio de Zacazonapan por instrucciones de Martínez Robles. Un día después, sus cuerpos fueron localizados sin vida dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, en la comunidad de La Alcantarilla.
Durante el proceso, la fiscalía presentó datos de prueba que establecieron que la exalcaldesa incluso sostuvo comunicación y reuniones con integrantes de un grupo criminal con origen en Michoacán, identificado en medios como La Familia Michoacana, para coordinar la comisión del crimen, presuntamente motivado por mantener el control de decisiones dentro de la administración municipal.
Además de la pena de prisión, la autoridad judicial ordenó a Martínez Robles pagar una reparación del daño de más de 414 mil pesos, correspondiente a más de 207 mil por cada una de las víctimas, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La captura de la exfuncionaria se llevó a cabo en noviembre de 2024 en el marco de la llamada Operación Enjambre, una estrategia impulsada por la FGJEM y otras corporaciones de seguridad para desarticular redes criminales y actos de colusión entre autoridades municipales y grupos delictivos.
Con esta sentencia, las autoridades buscan enviar un mensaje de que la justicia puede alcanzar incluso a servidores públicos implicados en crímenes atroces, reforzando la persecución de delitos cometidos en colusión con el crimen organizado en la entidad.




