Fiscalías en México, entre la ineficiencia y la opacidad: alerta informe de Causa en Común
El estudio "Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías" advierte sobre cargas de trabajo insostenibles, carencias laborales, crisis forense y falta de autonomía real en el sistema de procuración de justicia del país.
Como parte de una serie de investigaciones sobre la inoperancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Causa en Común elaboró el informe "Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías". El documento da cuenta de las graves carencias que enfrentan las fiscalías en México y de la opacidad con la que operan. A continuación algunos puntos relevantes:
Pese a las reformas que dieron origen a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales "autónomas", estas instituciones continúan en su mayoría subordinadas a los poderes ejecutivos y son por lo tanto más instrumentos políticos que de justicia. Las condiciones laborales reflejan igualmente el abandono en que se encuentran. No existe un estándar nacional de salarios para el personal sustantivo (ministerios públicos, policías de investigación y peritos) y, de acuerdo con datos oficiales, aproximadamente 30% del personal de fiscalías estatales contaría con seguro de vida y 21% con seguro de retiro; 18 fiscalías contarían con reglamentos de servicio profesional de carrera y apenas cinco habrían emitido convocatorias de promoción en 2024; además, miles de elementos carecen de certificaciones básicas.
Las cargas de trabajo son insostenibles. Al cierre de 2024, las fiscalías acumulaban más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes que, sumadas las iniciadas durante el año, ascendieron a 4.7 millones. A nivel nacional, cada ministerio público debió atender en promedio 258 carpetas simultáneamente; en Jalisco, el promedio alcanzó 896 carpetas por ministerio público; en Aguascalientes, 724; y en Baja California, 550.
El deterioro también es evidente en los servicios forenses. México supera las 130 mil personas desaparecidas y sigue sin contar con una política nacional efectiva de identificación humana. La FGR continúa sin presentar el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, y no se conoce la operación real del Banco Nacional de Datos Forenses. En 2024 se registraron más de cinco millones de solicitudes de intervención pericial y las solicitudes pendientes de concluir prácticamente se duplicaron respecto al año anterior. Sólo 17 entidades reportaron contar con centros disponibles para el resguardo forense.
A lo anterior se suma la opacidad. No existen registros públicos consistentes sobre el número de ministerios públicos, policías de investigación o peritos, ni sobre su formación, certificación o desempeño. Los datos oficiales muestran inconsistencias, con entidades que reportaron pasar de cero policías o peritos a cientos de elementos en apenas un año.
Estos y otros hallazgos disponibles en el Informe acreditan que, en lugar de un sistema de procuración de justicia, lo que existe es un conjunto de instituciones incapaces de responder a los niveles de impunidad que enfrenta el país, y subordinadas a los poderes políticos en turno. Para agravar esta situación y esta tendencia, la expansión de la prisión preventiva oficiosa debilita aún más los incentivos para investigar y perseguir delitos.
Frente a este panorama, Causa en Común propone, entre otras medidas, desarrollar sistemas profesionales de carrera; crear y homologar procesos de capacitación y certificación; mejorar salarios y prestaciones; incrementar las capacidades de investigación y análisis criminal, así como impulsar una política nacional en materia forense; todo ello con incrementos presupuestales sustantivos.
