Foro: "Un país sin denuncia... ¿Y probable manipulación y ocultamiento de información?
Según la ENVIPE 2021 (encuesta de victimización que realiza el INEGI), los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6%), la extorsión (97.9%), el fraude (96.7%), el robo parcial de vehículo (94.4%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4%) y el robo a casa habitación (90.6%).
Aun tomando en cuenta la cifra negra, algunas cifras podrían indicar manipulación u ocultamiento de información. Causa en Común se dio a la tarea de mostrar diversas anomalías y probables manipulaciones en las cifras oficiales de denuncias de delitos.
Para comentar la relevancia de dicho estudio, Causa en Común realizó un foro con la participación de Carlos Vilalta, investigador en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial; Magda Ramírez, investigadora del programa de seguridad de México Evalúa; el analista de seguridad, Alejandro Hope; Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, y María Elena Morera, presidenta de la organización.
Ciudad de México, 30 de marzo de 2022.- En la presentación del estudio denominado “Un país sin denuncia… ¿Y probable manipulación y ocultamiento de información?”, Causa en Común realizó un recuento de probables anomalías en registros delictivos. Entre los ejemplos del estudio referido se encuentran:
Feminicidio: Tamaulipas registró una caída del 67% en 2021 respecto a 2020, con 4 víctimas de feminicidio en el año. Sin embargo, Causa en Común ha documentado al menos 12 casos de asesinato de mujeres con violencia extrema durante el periodo. Cabe mencionar que en dicho año se registró un incremento de 44% de las denuncias por violencia familiar.
Secuestro: Durango solo ha informado de dos secuestros desde 2019. En 2021 no se reportó ninguno.
Narcomenudeo: Sinaloa reportó una disminución de 15% entre 2019 y 2020, y de 40% entre 2020 y 2021, con 145 casos.
Con respecto al estudio, Alejandro Hope señaló que el problema con las estadísticas de incidencia delictiva es “lo poco que alcanzan a reflejar la realidad del fenómeno delictivo en México”. Dijo que “no es que solamente alcanzan para dar cuenta de la punta del iceberg, sino que son también evidencia de las anomalías y deficiencias en las capacidades de registro de las fiscalías del país”.
Carlos Vilalta señaló que “a 22 años de la transición democrática seguimos adoleciendo de un sistema de registros administrativos criminales de baja calidad, con datos que no arrojan una buena luz sobre el fenómeno criminal”. Añadió que “el contexto político y la carencia de voluntad política conducen a la continuidad de la baja confiabilidad de la información en carpetas de investigación y número de víctimas por parte de los registros administrativos”.
Por su parte, Magda Ramírez enfatizó que “las fallas de origen de la sistematización de información se encuentran en la falta de capacitación, capacidades limitadas de investigación y una deliberada intención de alterar datos”. Señaló que es fundamental pensar en qué otras opciones existen para una sistematización de la información más eficaz, para poder contar una historia más completa.
Francisco Rivas comentó que, en lo que respecta a datos sobre denuncias, “estos deberían funcionar para tener transparencia, hacer evaluaciones y tomar decisiones, generar rendición de cuentas, prevención e inteligencia, a fin de implementar políticas públicas más efectivas”.
María Elena Morera señaló la importancia de contar con cifras de delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Agregó que sólo viendo con claridad la realidad, y entendiendo ciertos temas como asuntos de Estado, más allá de partidos y elecciones, es que podremos vislumbrar los escenarios de seguridad y justicia que tanto le urgen a México.
Con el fin de avanzar hacia una mayor transparencia en cuanto a la situación de inseguridad, Causa en Común propone:
Promover la denuncia ciudadana mediante campañas permanentes, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres y niños.
Capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, a fin de proporcionar un esquema homologado de información.
Establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.
