La ineptitud, la claudicación y el abandono, las marcas del gobierno de López Obrador

Ciudad de México, México - Tres tendencias definen la inseguridad crónica del país: índices alarmantes de criminalidad y victimización en un contexto de impunidad generalizada; un deterioro acelerado de policías, fiscalías y penales; y una militarización tan extendida como onerosa e inútil. Y, sin embargo, mientras las víctimas y sus familias enfrentan su dolor en el abandono, los criminales reciben obsesivos mensajes de cordialidad por parte del presidente y de su grupo político. Nunca antes en la historia del país un gobierno había manifestado su predilección política por los grupos criminales y su rechazo a cumplir con la responsabilidad primaria de proteger a los ciudadanos. A continuación, presentamos un resumen de lo que esta claudicación ha significado.

I) Incidencia delictiva y manipulaciones; atrocidades; violencia política; víctimas.

• Según cifras oficiales, de diciembre de 2018 a abril de 2024, se han reportado 175,967 homicidios dolosos más 5,148 víctimas de feminicidio, 5,402 víctimas de secuestro, 53,131 víctimas de extorsión, 4,221 víctimas de trata, 1,342,611 casos de violencia familiar, y 441,485 casos de narcomenudeo.^[1]

• Las estadísticas oficiales registran sólo siete de cada 100 delitos, pero incluso en ese universo Causa en Común ha detectado anomalías y probables manipulaciones mediante la reclasificación de los delitos y comparaciones a modo a efecto de presentar supuestas disminuciones de los delitos reportados.^[2]

• Causa en Común realiza un seguimiento hemerográfico de atrocidades. Desde enero de 2020 a abril del 2024, se han registrado al menos 24,795, entre las que destacan 6,012 casos de tortura, 3,206 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,265 masacres, 1,424 calcinados, 2,585 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y 1,485 asesinatos de niños.^[3]

• El actual es el proceso electoral más sangriento de la historia moderna del país. Causa en Común ha registrado 56 asesinatos de actores políticos entre junio de 2023 y mayo de 2024, incluyendo 32 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular.^[4]

• El Sistema Nacional de Atención a Víctimas no existe y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fue eliminado en 2020, por lo que no hay recursos para apoyar a víctimas de delitos graves y violaciones a sus derechos humanos.^[5]

• En el presente sexenio han desaparecido 50,278 personas.^[6] Hasta abril de 2023, última fecha de actualización, el registro de fosas clandestinas era de 5,698.^[7]

• Persiste una crisis forense producto de la falta de recursos humanos, materiales y económicos. Al cierre de 2022, 49 mil restos humanos permanecían sin ser identificados en los laboratorios forenses de las fiscalías.^[8]

• Tanto la Comisión Nacional de Búsqueda, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentran hoy en condiciones deplorables que las convierten en instituciones prácticamente inoperantes y subordinadas al Ejecutivo.

II) La inoperancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es una simulación política que emite acuerdos insustanciales, ambiguos y no evaluables, y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias. Ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema, ni el gobierno federal, ni los gobiernos locales, cumplen con sus obligaciones en cuanto a la promoción del desarrollo policial, ministerial y del sistema penitenciario:

1) Policías

• El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, destinado para las entidades federativas, se encuentra estancado. El Programa de Fortalecimiento para la Seguridad fue eliminado en 2021 y el nuevo Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública no representa ni una cuarta parte del monto que solía destinarse mediante el anterior programa.

• En respuesta a la precariedad laboral que padecen, policías de distintas corporaciones se han visto en la necesidad de exigir sus derechos a través de paros de labores, emplazamientos a paros y manifestaciones. De diciembre de 2018 a mayo de 2024, se han registrado al menos 406 movilizaciones policiales, en su mayoría para solicitar mejores condiciones laborales, equipamiento adecuado, pago de salarios y la destitución de mandos.^[9]

• Causa en Común ha documentado el asesinato de al menos 2,363 policías del 1 de diciembre de 2018 al 28 de mayo de 2024.^[10]

2) Fiscalías

• No hay ningún esfuerzo para desarrollar las capacidades de investigación de las fiscalías y sus presupuestos registran incrementos mínimos en los últimos años.^[11]

• Desde 2018 ha disminuido el personal de las fiscalías, al tiempo que se incrementan las cargas de trabajo: entre 2018 y 2022, el número de carpetas de investigación se incrementó en un 76%.^[12]

3) Penales

• Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, 28 penales fueron clausurados, mientras que el número de mexicanos en la cárcel pasó de 197 mil a 232 mil. El 43% de las cárceles reporta sobrepoblación.^[13]

• Durante el sexenio, el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa aumentó de seis a 18, y hoy, alrededor de 67 mil personas se encuentran injustamente encarceladas sin haber recibido sentencia condenatoria.

III) Militarización

• La Guardia Nacional (GN) está bajo el control operativo y administrativo de la SEDENA, a pesar de una sentencia de la Suprema Corte que ordena su retorno al ámbito civil. Además, ocho de cada diez miembros de la GN provienen de la SEDENA o SEMAR, violando igualmente el mandato constitucional de que esta fuerza sea civil. Cabe resaltar que únicamente el 62% de los elementos de la GN cuentan con cursos de capacitación inicial y que sólo el 51% cuentan con el Certificado Único Policial, obligatorio por ley.^[14]

• El presupuesto asignado para la GN en 2024 es de 67,526 millones de pesos, 15 veces mayor que en 2020.^[15]

• Militares encabezan la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y 15 secretarías de seguridad pública estatales. Además, 1,237 miembros de las Fuerzas Armadas ocupan cargos en corporaciones locales.^[16]

• Las Fuerzas Armadas han recibido al menos 258 atribuciones civiles, incluyendo la gestión de oficinas estatales del Instituto Nacional de Migración, administraciones portuarias, aduanas y varias empresas y obras estatales. Estas responsabilidades, sumadas a negocios diversos, implican el control de recursos mucho más allá de los presupuestos que les han sido directamente asignados.^[17]

• De enero de 2019 hasta diciembre de 2023, la SEDENA, SEMAR y GN acumularon 4,202 quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias. También recibieron 16 recomendaciones de la CNDH, ocho de ellas por violaciones graves a derechos humanos.^[18]

• Causa en Común coordina un seguimiento de la militarización del país, a través del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México. Consideramos que esta militarización distrae recursos necesarios para construir las policías que requiere el país, absorbe funciones diversas que no les corresponden a las Fuerzas Armadas y para las que no están preparadas, y presenta un riesgo adicional para nuestra democracia.^[19]

Dado este panorama, consideramos que el próximo gobierno federal, los gobiernos locales y los poderes legislativos, junto con organizaciones sociales y ciudadanos, deberán impulsar un pacto nacional para enfrentar de inmediato la violencia criminal y para edificar las instituciones de seguridad y justicia indispensables para imaginar un mejor futuro.