México Evalúa plantea puntos de partida para lograr un Presupuesto más democrático en el próximo sexenio

México Evalúa, a través de su plataforma de análisis de finanzas públicas los Números de Erario, presentó sus hallazgos principales en torno al último Paquete Económico del sexenio, y detalló propuestas para lograr un Presupuesto más democrático, transparente, solvente, capaz de atender las necesidades principales de la población, de solventar derechos humanos y, en general, con mejor gobernanza de cara al próximo sexenio.

El marco macroeconómico para 2024 luce complicado, advierte la organización. Pondrá cierre a un sexenio en el cual la estructura deficitaria de las finanzas públicas, un problema recurrente en la historia reciente del país, no sólo no se habrá corregido, sino que se habrá profundizado. Para 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) llegarán a 5.4% del PIB, el monto más alto registrado. Así, se espera que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) llegue a 48.8% del PIB, pero de no cumplirse los estimados económicos de Hacienda, el saldo podría superar los 51% del PIB, el monto más elevado.

La raíz del problema será el bajo crecimiento de los ingresos, detalló México Evalúa. Si se cumplen las expectativas de Hacienda, la recaudación total habrá crecido apenas 6.5% frente a 2018, último año del sexenio pasado, mientras que en los últimos tres sexenios el crecimiento de los ingresos promedió 21.3%.

México Evalúa ve con especial preocupación que ese endeudamiento se utilizará, principalmente, para pagar gasto corriente y no inversión física, un hecho que no contribuye al crecimiento económico del país y que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el próximo sexenio.

“El próximo Gobierno, y la sociedad entera, tendrá que emprender una discusión profunda, amplia e incluyente en torno a la arquitectura institucional del gasto público. Más allá de un problema de liquidez o del alcance del ajuste fiscal que será inevitable hacer, tenemos que empezar a caminar en el sentido de un presupuesto que en verdad financie los principales derechos humanos de millones de mexicanas y mexicanos, como la salud, la educación y la seguridad”, explicó Mariana Campos, directora general de México Evalúa, en conferencia de prensa. “El problema de fondo es que los ingresos de un país con tantos pasivos sociales no pueden crecer tan poco (...) El ajuste fiscal viene, pero la pregunta es: ¿qué vamos a pedir a cambio la sociedad? Por ejemplo: mayor transparencia, menos discrecionalidad, resolver el problema de Pemex”, apuntó Campos.

“Urge limitar la discrecionalidad del Gobierno federal, que se expresa, por ejemplo, en renuncias recaudatorias tales como la disminuir del DUC de Pemex u otorgar estímulos a las gasolinas que merman la recaudación federal participable y, por ende, los recursos federalizados para las entidades federativas. Ellas no participan en estas decisiones, y deben hacerlo”, subrayó Jorge Cano, investigador del programa de Gasto Público de México Evalúa. “El problema es grave: los recursos federalizados serán 0.7% menores en 2024 frente a 2018. Una caída histórica”.

Entre otras medidas para incrementar los ingresos –como lograr una mayor recaudación y justicia social a través de ISR de personas físicas desagregando los rangos de ingreso bajo y aumentar las tasas de impuestos a los rangos mayores a un millón de pesos–, o para mejorar la gestión de la deuda –como prohibir expresamente que la deuda se destine a gasto corriente y establecer techos de financiamiento a Pemex y CFE–, la organización presentó recomendaciones puntuales en estos ejes principales:

1. Financiar un seguro público de salud para todos los mexicanos sin importar su condición laboral

Una porción de los recursos recaudados por el IEPS debe destinarse al IMSS Bienestar.

El gasto público en salud debe alcanzar (gradualmente) un 6% del PIB, por lo que debe incluirse este mandato en la legislación.

Crear un Anexo Transversal de la protección de la salud que distinga el gasto en salud para las personas con y sin seguridad social, el destino del gasto en salud por entidad federativa y el gasto per cápita.

 2. Mejorar el enfoque y la inclusión en los programas sociales:

La progresividad debe ser uno de los principios de la Política de Desarrollo Social, el cual debe observarse en la distribución del gasto social.

Los subejercicios de las partidas de los programas de desarrollo social (y de cualquier otro programa presupuestario) que se reintegren a la Tesofe sólo podrán ejercerse posteriormente para fines específicos.

3. Mejorar los instrumentos de la planeación y promoción de la infraestructura pública para atraer recursos privados:

Expedir una Ley Federal de Infraestructura Física de Gran Magnitud.

Reformar la Ley de APP (Asociaciones Público-Privadas) para contar con un entorno institucional óptimo, que incorpore, por ejemplo, una figura encargada de diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de las APP.

Publicar un plan multianual de inversiones en APP durante el primer año de cada administración.

4. Otorgar garantías presupuestarias al Poder Judicial de la Federación (PJF) y organismos autónomos:

El presupuesto del PJF no debe ser menor al 2% del gasto programable.

El presupuesto del PJF no debe ser menor al aprobado del ejercicio fiscal anterior, a menos que así lo solicite.

Los órganos autónomos y el PJF deben ser partícipes de las discusiones legislativas cuando se analice reducir su presupuesto o reformas que los afecten.

5. Acumular un ahorro público para compensar caídas en los ingresos o gastos de emergencia:

Capitalizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios mediante una aportación recurrente de los ingresos tributarios no petroleros.

En general, México Evalúa considera fundamental fortalecer el rol presupuestario del Congreso. Un camino: hacer evolucionar las características del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para convertirlo en un Instituto de la Hacienda Pública: un órgano técnico, apartidista, con autonomía presupuestaria y de gestión, que aporte insumos técnicos a la evaluación y planeación de los ingresos, gastos y endeudamiento públicos.

En términos políticos, el presupuesto debe dejar de utilizarse como un instrumento para debilitar contrapesos al Poder Ejecutivo. La reforma fiscal de gran calado que será inevitable emprender en el próximo sexenio debe conformarse como la gran oportunidad para lograr acuerdos y restablecer los equilibrios democráticos, se concluyó en la presentación del análisis de México Evalúa.

El documento con los 10 puntos clave del Paquete Económico 2024 y las recomendaciones de política pública al detalle se pueden descargar aquí https://n9.cl/g4u9a.