Sheinbaum defiende facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial
La presidenta afirma que la medida busca combatir el lavado de dinero y asegura que "nadie debe temer" si no está involucrado en actividades ilícitas.

Tijuana, 8 de Abril. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin orden judicial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara esta práctica como una medida administrativa para combatir delitos financieros.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la herramienta es necesaria para actuar con rapidez contra operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas.
"No hay que temer", expresó la presidenta al referirse a las inquietudes manifestadas por algunos sectores empresariales tras la resolución judicial.
Sheinbaum sostuvo que el congelamiento de cuentas no constituye una sanción penal, sino una medida preventiva que permite impedir que recursos de origen presuntamente ilegal continúen circulando en el sistema financiero mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
La resolución del máximo tribunal determinó que la UIF puede inmovilizar cuentas bancarias sin autorización judicial previa, siempre que existan indicios relacionados con delitos como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Los ministros consideraron que esta acción forma parte de las atribuciones administrativas del Estado para proteger el sistema financiero.
La presidenta también afirmó que esta facultad ha permitido bloquear miles de millones de pesos vinculados a operaciones sospechosas, como parte de la estrategia del gobierno federal para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
No obstante, la medida ha generado debate entre especialistas y sectores de la oposición, quienes advierten que el congelamiento de cuentas sin orden judicial podría afectar derechos como la presunción de inocencia o el acceso al patrimonio.
Las autoridades han señalado que las personas cuyos recursos sean bloqueados pueden presentar aclaraciones ante la UIF y posteriormente impugnar la medida ante tribunales, a fin de demostrar la legalidad del origen de sus fondos.



