TEPJF ordena al INE perdonar casi toda la multa a Yasmín Esquivel por irregularidades en su campaña judicial
La ministra solo cubrirá cerca del 3% de los 547 mil pesos originalmente impuestos, luego de que el tribunal anuló las sanciones más altas por falta de pruebas.

Tijuana, 19 de Noviembre. - El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) reducir casi en su totalidad la multa impuesta a la ministra Yasmín Esquivel por diversas irregularidades detectadas en su campaña durante el proceso de elección judicial, lo que dejará el pago final en apenas alrededor del 3% del monto original.
El INE había sancionado inicialmente a Esquivel con 547.823 pesos por aportaciones prohibidas, propaganda pagada por terceros y omisiones en la rendición de cuentas. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF revocó las multas más altas al considerar que no existían elementos suficientes para vincular a la ministra con los gastos atribuidos a su campaña.
Entre las sanciones anuladas se encuentra una aportación de 406.172 pesos, derivada de publicidad digital supuestamente pagada por un tercero a su favor. El tribunal determinó que no se acreditó relación entre la aspirante y el responsable del pago, y que Esquivel presentó un deslinde formal que debía ser considerado por la autoridad fiscalizadora.
Otra multa significativa, relacionada con una manta colocada en un evento organizado por una asociación civil, también fue cancelada tras resolverse que el material no podía ser considerado propaganda electoral atribuible a su campaña.
Con esta decisión, solo subsisten cuatro sanciones menores que suman montos mínimos —entre 100 y 2.000 pesos— derivadas de errores administrativos en el manejo de recursos. El tribunal también instruyó al INE a recalcular el monto definitivo que deberá cubrir la ministra.
La resolución forma parte de una revisión más amplia en la que el TEPJF revocó multas a 137 candidatos de la elección judicial, incluidas figuras de alto perfil como las ministras Lenia Batres y Sara Irene Herrerías, así como el propio presidente del tribunal, Gilberto de Guzmán Bátiz. En conjunto, las sanciones anuladas superaban los 6,3 millones de pesos, según reportes oficiales.
Críticos de la medida han señalado que la decisión podría generar percepciones de indulgencia hacia funcionarios de alto rango, mientras que defensores del fallo argumentan que se garantiza así el respeto al debido proceso y se corrigen excesos en la fiscalización electoral.



