Grupo Unidos por Tijuana exhorta a diputados a revisar a fondo la reforma a la Ley de Amparo

Tijuana, 10 de Octubre.- El Presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C., Dr. José Antonio Serratos García, externó la necesidad de que la reforma a la ley de amparo tenga un mayor análisis por parte de los diputados del Congreso de la Unión, además de que se realicen consultas públicas y se escuchen las diversas opiniones de la sociedad civil.

"El llamado es que hagan lo propio y no un trabajo ´fast track´ y que, al igual que los Senadores, hagan los cambios necesarios".

Serratos García comentó que, aunque la reforma a la ley de amparo tiene una parte benévola porque al fijar plazos para el dictado de sentencia que no había, la ley de amparo prevé que dentro de la audiencia constitucional se dictara, pero no ocurre y a veces se daba un desliz de hasta un año para dictar una sentencia. Hoy fijan un plazo de 60 días naturales, y esto tiene que ver con el artículo 225 del Código Penal Federal, que establece que es delito para los servidores públicos no dictar sentencia en tiempo.

"Sin embargo, hay otros puntos obscuros de regresión, por ejemplo, el art. 128 establecía solo dos fracciones con tres requisitos para gozar de una suspensión, y hoy establece cinco requisitos con una fórmula muy complicada para obtenerla, y categóricamente prevé algunos casos en los que no los habrá. Por ejemplo, el congelamiento de cuentas cuando venga de actos aparentemente ilícitos no habrá suspensión".

En este sentido, el también catedrático universitario dijo que un claro ejemplo es que en este Estado le acaban de dar una "sopa de su propio chocolate", aunque esto todavía no entra en vigor, a la Dip. Fed. Araceli Brown, que fue a pedir un juicio de amparo y una suspensión por cuentas bancarias y se lo negaron.

"Hay una rigidez en cuanto a la suspensión; va a ser muy complicado acceder a las suspensiones. Si ya de por sí hoy estadísticamente de cada 100 amparos te conceden 30 suspensiones y te niegan 70, con mayores requisitos va a eliminarse, va a bajar ese índice de suspensiones concedidas".

Sin embargo, dijo que en la propuesta enviada por el Ejecutivo se plasmaba que la multa que aplica la autoridad responsable es del erario público y no de la persona física, y eso lo modificó el Senado. Es correcto que la persona física que ocupa el cargo público resienta las consecuencias de sus actos u omisiones en su patrimonio para que sean más prudentes en su actuar.

"Está por verse cómo va a quedar finalmente, pero en el tema de suspensión sí queda muy complicado y no vamos a tener un amparo tan funcional como lo había a partir del 2013, específicamente desde el 3 de abril para ser exactos, cuando entró en vigor esta ley de amparo. Teníamos una ley progresiva, nutrida de la jurisprudencia de todos aquellos titulares que eran de carrera judicial, con buenos argumentos y criterios, y con esta reforma hay un retroceso en gran parte".

Finalmente, externó que lo mismo sucedió con la reforma al Poder Judicial, que se argumentó que era corrupto y que liberaban a los delincuentes, pero si recordamos que sólo el 3% de las carpetas de investigación son las que se judicializan y el otro 97% no, el punto, dijo, sería voltear a ver a la Fiscalía, que hace con ese 97% de carpetas que no remiten a un juez de control. Y del poquito 3% que llegan y que liberan a uno, dos o tres, ahí viene el señalamiento de un poder judicial corrupto. "No debió ser así".