CEOs estadounidenses alertan sobre politización judicial en México y exigen garantías para inversiones
Altos ejecutivos estadounidenses advirtieron que las recientes reformas al poder judicial en México ponen en riesgo la independencia de los tribunales
CIUDAD DE MÉXICO — Un grupo de CEOs de grandes corporaciones estadounidenses ha manifestado su preocupación por lo que denominan una creciente "politización del poder judicial" en México. Mediante un documento dirigido a la oficina del Representante de Comercio de los EE. UU. (USTR), los miembros del Business Roundtable (BRT) advirtieron que las reformas impulsadas en el sistema judicial mexicano amenazan la certeza jurídica necesaria para sus inversiones
En el documento, las compañías señalan que el proceso de elecciones de jueces y magistrados por voto popular, así como la redefinición de competencias de órganos reguladores, generan un panorama de incertidumbre jurídica para empresas extranjeras, especialmente aquellas que operan bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los ejecutivos mencionaron que la elección de jueces sin una carrera judicial consolidada, junto con reformas institucionales que favorecen empresas estatales o nacionales, pueden derivar en decisiones ad hoc, impugnaciones complicadas y arbitrajes internacionales costosos. El documento sugiere que dichas modificaciones "podrían someter disputas entre inversores y el gobierno a consideraciones políticas antes que al Estado de derecho".
Además, el BRT instó al gobierno de los EE. UU. a considerar la restauración del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) dentro del T-MEC, para salvaguardar los derechos de las empresas en caso de que el poder judicial mexicano pierda independencia o sea influido políticamente.
Fuentes súplican que este señalamiento de altos ejecutivos estadounidenses no es puramente corporativo, pues coinciden diversas advertencias de organismos internacionales y diplomáticos sobre los riesgos de la reforma judicial en México.
La inquietud va más allá del sector privado: también se vincula con el contexto de elección popular de jueces federal y locales que México implementó este año, lo cual ha sido tildado de "mayor riesgo para la democracia" por diplomáticos estadounidenses.
