Desbloquean cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez
A pesar de que esto fue considerado "irregular", continúan prófugos tras una órden de la FGR
CDMX, México. - Por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se giró una orden para desbloquear las cuentas de banco de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, retirando asú sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas, por orden de Tribunal Colegiado.
A través de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ratificaron el amparo que un juez de Distrito concedió a la pareja contra el congelamiento de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, declarando que esta medida fue infundada de a revisión por la UIF.
Ante una mayoría de votos, los magistrados determinaron que la Unidad de Inteligencia Financiera vulneró el principio de seguridad jurídica tras bloquear las cuentas bancarias de Gómez Mont y su esposo, ya que "en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que, en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por el texto constitucional".
Sumado a ello, la inclusión de la pareja en la "Lista de Personas Bloqueadas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, adolecía de la debida fundamentación y motivación...".
"En tales condiciones, al no cumplirse con los requisitos de debida fundamentación y motivación, que prevé el numeral 16 Constitucional, debía declararse fundado el concepto de violación esgrimido y otorgar el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos ", se agregó.
A pesar de todo, ambos continúan en calidad de prófugos tras una órden de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde los buscan por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a 2,950 millones de pesos mexicanos.
