Detienen a 10 funcionarios en Chiapas tras video de presunta tortura a dos hombres
El gobernador Eduardo Ramírez pidió a la Fiscalía actuar de inmediato; entre los implicados hay policías y ministerios públicos.
Tijuana, 21 de Mayo. - El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, pidió a la Fiscalía estatal actuar de manera inmediata tras la difusión en redes sociales de un video en el que presuntos elementos de seguridad aparecen torturando a dos hombres, hecho que ha derivado en la detención de 10 funcionarios públicos.
En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario estatal solicitó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas una actualización urgente del caso y subrayó la necesidad de investigar "respetando la autonomía institucional", pero con acciones inmediatas contra quienes resulten responsables.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención de los 10 servidores públicos implicados, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos se encuentran un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales, presuntamente vinculados con actos de tortura cometidos durante un operativo realizado el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez.
Las autoridades indicaron que dicho operativo estaba relacionado con una investigación por robo de vehículo. Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales muestran a presuntos agentes sometiendo a dos hombres, a quienes colocan bolsas de plástico en la cabeza, lo que ha generado indignación pública y exigencias de esclarecimiento.
Tras la difusión del video, el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH), una organización de defensa legal, exigió una investigación "profunda, inmediata e imparcial" sobre los hechos, al considerar que podrían constituir graves violaciones a derechos humanos.
El gobernador Ramírez reiteró que, independientemente de la gravedad de los delitos que se imputen a las víctimas, las autoridades están obligadas a respetar sus derechos humanos y garantizar el debido proceso.
