Gobernador evita clausura planta de tequila José Cuervo
El gobierno estatal intervino y pidió levantar sellos después de que el ayuntamiento exigiera pagos y preparara una clausura de la planta.
Tequila, Jalisco. - La planta “Fábrica 1800” de la marca José Cuervo en el municipio de Tequila fue objeto de un intento de clausura por parte del ayuntamiento local, que aseguró ejecutar un operativo por presuntas irregularidades en licencias y adeudos fiscales. El gobierno estatal intervino para suspender la medida y ordenó el retiro de los sellos colocados en las instalaciones.
Autoridades estatales y la Secretaría de Protección Civil explicaron que la clausura repentina, y en concreto la intención de apagar las calderas de cocimiento del agave, representaba un riesgo grave de seguridad —incluido potencial de explosión— por lo que se activó un protocolo de emergencia para salvaguardar la integridad de la planta y su personal. Por ese motivo se ordenó la retirada de los sellos hasta que se realice una mesa de diálogo y se verifiquen los procedimientos.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, calificó las exigencias municipales como carentes de viabilidad jurídica y financiera, y detalló que el ayuntamiento había solicitado contribuciones de predial hasta 20 veces superiores a las actuales y multas y recargos por alrededor de 60 millones de pesos, montos que, dijo, no se sostienen jurídicamente. Tras la intervención estatal, se informó que la planta retomó su operatividad.
El municipio afirmó que la medida respondió a requerimientos formales que la empresa no atendió en más de 18 días y acusó a la compañía de omisiones en pagos de servicios y licencias, además de supuestas prácticas que afectaban a productores locales. La compañía y empresarios del sector solicitaron la intervención estatal para resolver el conflicto mediante diálogo y evitar riesgos mayores.
La controversia escaló a un posible procedimiento legal: el gobernador dejó abierta la posibilidad de que la empresa interponga denuncias penales por prácticas del ayuntamiento que podrían calificarse como extorsión o cobros indebidos. En paralelo, se anunció la conformación de una mesa de trabajo entre autoridades estatales, federales, representantes municipales y de la empresa para revisar la situación administrativa y fiscal de la planta.
Las versiones periodísticas coinciden en que el episodio reaviva tensiones entre la industria tequilera y la administración municipal de Tequila, además de poner sobre la mesa la necesidad de coordinar procedimientos de inspección con instancias estatales para evitar riesgos de seguridad y prácticas administrativas fuera del marco legal. Las autoridades estatales solicitaron que cualquier sanción futura se realice con apego a la ley y previas evaluaciones técnicas que garanticen la seguridad de las instalaciones y trabajadores.
