Reforma Judicial en México enfrenta fuerte oposición y pone en riesgo independencia del Poder Judicial
La implementación de la reforma genera crisis institucional, irregularidades en las listas de candidatos y aumenta la inseguridad jurídica, afectando la confianza en las instituciones y el desarrollo económico del país.
La reciente reforma judicial en México ha generado un intenso debate al comprometer la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho. Aunque los proponentes buscan mayor democratización y transparencia, su implementación enfrenta serias dificultades legales, operativas y presupuestales, poniendo en duda su efectividad y legitimidad.
A cuatro meses de su publicación, la reforma ha provocado la presentación de 798 amparos en su contra, reflejando una fuerte oposición y los problemas estructurales que conlleva. Las contradicciones entre jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han generado un clima de inseguridad jurídica que afecta la confianza en las instituciones y complica la organización del proceso electoral.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es el cambio en el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros, que ahora se realizará mediante voto popular. La creación de Comités de Evaluación por cada poder de la Unión ha generado dificultades logísticas y legales, debido a la falta de un marco normativo claro y la renuncia de los integrantes de dichos comités por la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso.
El proceso electoral extraordinario de 2025, que incluye la selección de nuevos jueces, presenta una alta complejidad, dado que cada ciudadano recibiría al menos seis boletas electorales en entidades donde solo se elegirán integrantes del Poder Judicial de la Federación. La situación se complica aún más en los estados donde también se renovarán los poderes judiciales locales.
Además, se han detectado irregularidades en las listas de candidatos enviadas por el Senado al INE, como modificaciones sin justificación, omisiones de datos clave y errores en la información personal, lo que ha generado incertidumbre sobre la transparencia del proceso.
La implementación de la reforma ha provocado una crisis institucional dentro del Poder Judicial, con decisiones contradictorias entre jueces de distrito y el TEPJF, lo que ha aumentado la inseguridad jurídica y afectado la confianza en las instituciones. Asimismo, el clima de incertidumbre ha generado riesgos económicos, ya que la falta de claridad en las reglas y la politización del sistema judicial pueden desalentar la inversión nacional e internacional.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha expresado su preocupación, asegurando que la reforma atenta contra la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho. Según COPARMEX, la politización de la justicia compromete la imparcialidad y genera un clima de desconfianza que afecta el desarrollo económico del país.
Por otro lado, COPARMEX ha elogiado las reformas al sistema judicial impulsadas en el estado de Jalisco, que buscan fortalecer la independencia del Poder Judicial mediante la creación de la Escuela de Formación del Poder Judicial del Estado y la profesionalización de los jueces. COPARMEX se ha comprometido a ser observador y vigilante en el proceso electoral de 2025, buscando defender la independencia del Poder Judicial y garantizar la estabilidad democrática en México.
